YAK-42: RECUERDO DE UNA INFAMIA

Teófilo Ruiz

Pasados más de trece años de la mayor tragedia sufrida por las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz empiezan a delimitarse responsabilidades: el Consejo de  Estado reconoce la responsabilidad del ministerio de Defensa en el accidente del YAK-42, que costó la vida a 62 militares españoles.

En su informe, el máximo órgano consultivo del Estado (por unanimidad), señala que «pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría». Y el riesgo ya había sido advertido en una comunicación del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército, un mes antes del accidente, al llamar la atención por el peligro que suponía contratar aviones de carga fletados en países de la desaparecida Unión Soviética, con mantenimiento dudoso. Con anterioridad, numerosas quejas sobre el estado y mantenimiento de los aviones empleados en el transporte de las tropas españolas destacadas en Afganistán habían obtenido la callada por respuesta. Y el 25 de mayo del 2003 se iniciaba la tormenta perfecta para el Yak-42 que despegaba de Kabul con 53 militares a bordo y hacia escala en Manás, capital de Kirguistán, para recoger a nueve compañeros y emprender rumbo a Torrejón de Ardoz. Una tripulación agotada (según el informe oficial turco) y un mantenimiento insuficiente que incluía una «caja negra» fuera de servicio se conjugaron para que el Yak-42 se estrellara en las inmediaciones del aeropuerto turco de Trebisonda, donde tenía previsto hacer su última escala. Una vez más, el ahorro terminó en tragedia. Los restos de los 62 militares que regresaban a España, tras permanecer cuatro meses en la misión pacificadora de Afganistán, quedaron esparcidos en un monte turco.

El solemne funeral de Estado, presidido por los reyes, no pudo ocultar una sospecha: la identificación de las víctimas se había realizado en un tiempo brevísimo, sobre todo por el destrozo sufrido por varios cuerpos que, en buena lógica, hacían necesarios exámenes más detenidos que los realizados a pie de campo. La orden del ministro de Defensa Federico Trillo fue acortar los trámites para dar carpetazo a un asunto (las condiciones de transporte de las tropas españolas) que podría provocarle graves problemas políticos.

Sin el más mínimo respeto y con el máximo desprecio hacia sus compañeros fallecidos, los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez, a las órdenes  del general Vicente Navarro, falsificaron la identificación de 30 de los 62 militares muertos en el accidente de Turquía. En junio de 2005 la comisión de Defensa del Congreso aprobaba la reprobación del exministro Federico Trillo, que se mantuvo imperturbable en su puesto de diputado, rechazando cualquier atisbo de responsabilidad.

Los familiares de las víctimas del Yak-42 trataron de obtener justicia tanto por la vía penal como por la civil. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a la compañía del avión siniestrado y a la aseguradora. Sin embargo, en  mayo de 2012 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la causa por considerar que no había delito. Y así, la acusación por «homicidio imprudente por omisión» contra varios miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas (el almirante Antonio Moreno Barberá, Jefe del Estado Mayor de la  Defensa, y el teniente general José Luís Ibarreta Manella, Jefe del Estado Mayor Conjunto, entre otros) quedó en nada. Es más, los dos comandantes forenses, condenados a año y medio de prisión fueron indultados por el gobierno del PP.

El informe del Consejo de Estado señalando las responsabilidades políticas del ministerio de Defensa ha provocado que los grupos de la oposición pidan el cese de Federico Trillo como embajador en Londres. Obtendrán una respuesta parecida a la que hubiera dado la estatua de Nelson. Trillo dejó el cuerpo jurídico de la Armada, donde ingresó con el número uno de su promoción, para pasar al campo de la política y ha demostrado una bellaquería y una resistencia muy grande a cualquier clase de prueba. Como miembro supernumerario del Opus Dei, sigue la máxima de Escrivá de Balaguer: «Lo que hay que hacer, se hace…Sin vacilar… Sin miramientos » (Camino.11). Nada le afecta: desde tratar los cuerpos de soldados como si fueran          reses tiradas en el camino y en estado de descomposición o tomar decisiones (incidente de Perejil) que llevan al borde de un enfrentamiento armado con Marruecos. Su responsabilidad siempre ha quedado a salvo. Por otra parte, ya el impasible presidente del Gobierno ha manifestado que lo del Yak-42 es asunto solventado judicialmente y no se hable más.