UNA REFORMA OPORTUNA

Especialmente para los intereses del Partido Popular, que ve amenazada la alcaldía de varias ciudades importantes ante la próxima cita electoral de las municipales. Muy claros deben ser los datos que maneja la dirección de los Populares para anunciar el cambio de una Ley Electoral, con menos de un año, para que los ciudadanos acudan a las urnas. Todo parece indicar que la reforma saldrá adelante con o sin acuerdo de las fuerzas de la oposición; la mayoría absoluta lo permite; y el ejemplo de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha lo confirma, con una renovación a la medida de sus intereses.

El Artículo 140 de la Constitución señala que «Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos». En la  ley se optó que fueran los concejales, por mayoría, los que designaran al alcalde, igual que la mayoría de diputados eligen al jefe del Ejecutivo. A lo largo del tiempo se han presentado disfunciones, como los tránsfugas, que alteraban de forma grave el discurrir de la actividad municipal, incluso formando coaliciones de grupos de planteamientos muy dispares para desbancar a un mandatario que no tenía la mayoría absoluta o la había perdido por una fuga inesperada. Situaciones graves, sin duda, que por diversas razones no se han corregido. Ya en 1998 una proposición no de ley del PSOE intentó abordar este asunto, sin resultado, y fue incluida en los programas electorales del 2003 (municipales) y 2004 (generales).

El anuncio del PP, sin más datos que la lista más votada, es inquietante y entraría a formar parte de su particular «marcha triunfal»: después del desmantelamiento del Estado de Bienestar demandado por la dirección de la UE─ iniciado por ZP con resignación perruna, y seguido por MR con entusiasmo de sicario─, le toca el turno a las instituciones representativas. Con la mayoría absoluta, prácticamente sin control, el Congreso de los Diputados ha pasado a ser la cámara de los lamentos de los que predican en el desierto: no hay comparecencia, comisión de investigación o cualquier otra propuesta que pueda tan solo ser discutida si al PP no le interesa.

La elección directa de alcaldes o, incluso de jefes de Gobierno, no es una novedad, pero en definitiva nos lleva al sistema mayoritario y nos aleja del proporcional. Si no se plantean medidas «correctoras» podría darse el caso de que, ante una fragmentación de partidos como la actual, una lista con un 25% de los votos podría ser la que gobernarse frente al resto de formaciones cuya suma la superarían con creces pero que por separado habría  obtenido un porcentaje menor de sufragios. Aunque al final se opte por la opción de la segunda vuelta, como en Francia, entre los candidatos más votados, la esencia democrática del valor de cada voto ciudadano estaría dañada, al primarse de forma excesiva unos votos (los de la formación mayoritaria) frente a otros (los partidos o listas con menor número de votantes).
Lo anunciado por los portavoces del PP es que «habrá dialogo» con todas las fuerzas políticas. Y después de ese diálogo tomarán las decisiones que más les convengan y que apuntan a la elección directa de los alcaldes, con los matices que están por desvelar. La lectura que realizan, ante los datos de que disponen, plantea a los conservadores una clara disyuntiva: si se respetan las actuales exigencias de la Ley Electoral, un buen número de alcaldías (entre ellas, algunas emblemáticas), pueden darlas por perdidas. Y no es esa la mejor tarjeta de presentación de cara a las elecciones generales que vendrán a continuación.

Como dijera el rey Enrique IV, en 1593, «Paris bien vale una misa» , para alcanzar de forma efectiva el trono galo, tras su conversión del protestantismo al catolicismo. En esa misma línea MR bien puede pensar que conservar el poder (ante la más que evidente fragmentación de la oposición) bien vale un buen puntapié a la actual Ley Electoral (y a la democracia, de paso).