PROMESAS ELECTORALES
Ante su homólogo británico, de visita para dejar constancia de la gran sintonía entre los gobiernos de Gran Bretaña y España, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a lanzar la promesa de una ingente creación de puestos de trabajo. La cita para las elecciones generales, anunciada en clave gallega («lo más probable, tal vez…») ha destapado el tarro de las promesas gratuitas y se adelanta el vaticinio de la creación de más de medio millón de puestos de trabajo para el próximo año. Esta buena nueva tan solo se verá materializada si se produce la continuidad del partido en el gobierno; el cambio conduciría al caos y a la pérdida de todo lo ganado por las reformas aplicadas hasta ahora y que han colocado a la economía española a la cabeza de Europa, en lo que a crecimiento se refiere. Tan sobrada es la visión que del futuro tiene el presidente del Gobierno que está dispuesto a devolver los recortes efectuados en el sueldo de los funcionarios y a recuperar alguna gabela más, como los días de libranza por antigüedad, además de la rebaja de impuestos.
Los datos de agosto no apuntan precisamente hacia un buen comportamiento del empleo, pero ya se sabe que este caluroso mes es poco propicio, con gran cantidad de contratos que finalizan por la temporada o que muchas empresas dan de baja a sus trabajadores, en una ahorrativa forma de conceder vacaciones. Las cifras son tozudas y reveladoras: los apartados macroeconómicos del sistema productivo de España superan con creces al resto de socios de la UE, pero el crecimiento se decanta hacia una exclusiva dirección, que no es otra que el beneficio empresarial. Los salarios han sufrido una devaluación de la que será muy difícil recuperarse. Frente a la anunciada disminución del desempleo, el paro juvenil se muestra con cuotas de auténtica frustración (48,5% en 2015); en cuanto a los parados, el 45,5% (según datos oficiales) está sin cobertura. Pero es que la tan proclamada marcha triunfal de la economía tiene una nota discordante de suma gravedad. El sistema de pensiones corre un severo riesgo ante la baja aportación de los nuevos empleos, las bonificaciones y las «tarifas planas» para estimular la creación de puestos de trabajo de ínfima calidad. El gobierno actual ha sacado nada menos que 41 mil millones de euros de la hucha de las pensiones; si las cosas fueran tan bien como pretenden hacernos creer es de suponer que no sería necesaria una «metedura de mano» de tales dimensiones.
La recuperación económica se debe más a circunstancias ajenas ―bajada del precio del petróleo, devaluación del dólar, avalancha turística por la crisis en el Mediterráneo― que actuaciones propias. El parón en el crecimiento de la economía china, que se traslada también a varios países emergentes, pone en peligro el crecimiento de las exportaciones. Por otra parte, el crecimiento de la deuda pública ronda ya el 100% del PIB, lo que no es precisamente un dato alentador ante la inestabilidad financiera que se cierne sobre la economía mundial, por los problemas del gigante asiático y los precios de petróleo. A todos estos inconvenientes, para lastrar el optimismo electoralista del Ejecutivo y su máximo responsable, se suma el problema catalán. Ni la reforma prêt-à-porter del Tribunal Constitucional para castigar a un político (Artur Mas) que presume de marcarle goles al Estado, ni la aseveración tajante de que Cataluña no será independiente, van a parar a un movimiento que, en extraña amalgama, reúne a fuerzas políticas que tienen solo en común una idea que se ha convertido en creencia: Cataluña independiente será un país mejor que la Comunidad Autónoma integrada en España. Las creencias no suelen combatirse de forma eficaz con amenazas, por muy graves que estas sean (salida de la UE y del euro), y favorecen al victimismo. Parece más apropiado y convincente entrar a fondo en entender las raíces del problema y buscar soluciones mediante el diálogo, antes de que se produzca un choque de trenes siempre con daños impredecibles. No hace falta resucitar a Casandra para concluir que las promesas electorales del presidente del Gobierno ―creación de empleo y situación de Cataluña― no van a ser cuestiones de fácil resolución.