PENSIONES EN PELIGRO

Teófilo Ruiz

El pasado 23 de febrero miles de ciudadanos, en su mayoría pensionistas, se manifestaron por las principales ciudades del Estado Español (todavía España) para mostrar su indignación ante unas pensiones que consideran tan injustas como insuficientes. Los convocantes aseguran que seguirán protestando hasta conseguir una mejora de la dotación económica de los pensionistas. Con la reforma del 2013 el Gobierno de M. Rajoy completó su asalto a la llamada hucha de las pensiones con el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones, el 0,25%, un insulto tanto para  las pensiones mínimas como máxima. Se ponía fin al compromiso de aparejar la subida de las pensiones al IPC. Una medida muy coherente dentro de la hoja de ruta del gobierno del PP: cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los más desfavorecidos; era la guinda a la devaluación salarial y a la precariedad laboral. Ante el peligro de que su principal fuente de votos (los pensionistas) pasen factura en próximas citas electorales, el Ejecutivo, por medio del peculiar ministro de Hacienda (Cristóbal Montoro) ha prometido una bajada del IRPF a las pensiones más bajas (esperemos la letra pequeña).

El sistema español de pensiones es contributivo y, por consiguiente, su lógica marca que quien más ha cotizado tenga una mejor pensión. El ciudadano que llega al momento de su jubilación y cobra una pensión mínima e insuficiente se debe, en primer lugar, a que ha contribuido poco, aunque pueden apuntarse otras razones como el trabajo en negro (impuesto o voluntario) o que la empresa se quedó con la parte de su sueldo destinada a la pensión. Si el sistema de pensiones fuera distributivo el pensionista vería mejorada la cantidad a percibir tras el fin de su vida laboral, aunque no todos cobrarían lo mismo.

Con independencia de que  los partidos políticos han estado ocupados con asuntos más telegénicos (como la independencia virtual de Cataluña y la prisión preventiva de los protagonistas de la Declaración Unilateral de Independencia) el deterioro de la hucha de las pensiones y la convocatoria del Pacto de Toledo se ha dejado para mejor ocasión, menospreciando la grave situación de millones de ciudadanos. El Gobierno, por su parte, empezó recomendando el ahorro (ironía que para sí la hubiese querido el marqués de Sade) y buscarse un fondo privado de pensiones, como una muestra más de su intención de entregar hasta el último reducto de nichos de beneficio del sector público a la explotación privada. Por otra parte, ha esgrimido el argumento de que es precisamente el sector de pensionistas el que menos ha sufrido por la crisis. Y es evidente que las cifras le dan la razón: 1,4% desde el 2012 es la pérdida de poder adquisitivo, pero los números no lo explican todo en el plano social: la economía crece a un ritmo que supera la de los países más importantes de la UE y sin embargo los sueldos se han desplomado y la desigualdad ha aumentado hasta cotas de escándalo, con especial incidencia en desahucios y pobreza energética. Eso sí, los beneficios de los principales bancos y empresas rozan casi lo obsceno.

A la espera de que los partidos políticos encuentren una salida a la diegética nacionalista, con Puigdemont como narrador irremplazable, las protestas de los pensionistas indignados proseguirán. Las reivindicaciones pueden satisfacerse en todo o en parte con subidas de impuestos, con que las empresas coticen por lo establecido y no escabullan por el coladero de las múltiples exenciones, con un mejor control fiscal y con mejores salarios que aporten mayores cotizaciones. Pero para empezar, el ministerio de Trabajo debería abstenerse de enviar  las insultantes cartas que anuncian «la subida» del 0,25%. Vale más la carta que el incremento de la pensión.