Ni Carmena ni Almeida: los contratos de Ana Botella que condenan la limpieza de Madrid se acercan a su fin

Sofía Pérez Mendoza/eldiario.es Madrid está sucio. Basta un paseo por cualquier barrio, sobre todo los de la periferia, para advertir que hay basura en el suelo, muebles y colchones que no se recogen o papeleras a rebosar. Lo dicen los vecinos, la oposición, el Ayuntamiento cuando asegura que «no está todo lo limpia que debería» y hasta las propias empresas que gestionan el servicio. La historia no es nueva, aunque la meticulosidad en la limpieza que exige una situación de pandemia ha vuelto a poner en alerta a muchos madrileños, que comparten fotos en las redes sociales y envían sus quejas al Palacio de Cibeles.

El Gobierno de PP y Ciudadanos, dos partidos que hicieron una campaña contra la gestión del servicio por parte de la exalcaldesa Manuela Carmena cuando estaban en la oposición, se encuentran ahora con el mismo problema. Con el cambio de corporación, la suciedad sigue ahí y no la originó ni Carmena, entonces, ni ahora José Luis Martínez-Almeida. Los contratos blindados que han condenado la limpieza de la capital son obra del Ejecutivo de Ana Botella y, tras siete años de recortes, finalizan en julio de 2021. El equipo de Almeida quiere deshacerse de la herencia cuanto antes: no consumirá la prórroga disponible de dos años y publicará, si los planes no cambian, en los próximos meses los nuevos pliegos para concursar. De momento solo hay un compromiso conocido: incluir posibles crisis sanitarias en las cláusulas, según se acordó en los ‘Pactos de la Villa’.

El servicio, seguro, seguirá privatizado. Pero hay muchas maneras de externalizar. La fórmula que hoy está vigente, y que divide la ciudad en seis zonas gestionadas por diferentes contratistas, «es un absoluto desastre», aseguran los sindicatos. Los contratos no obligan a mantener un mínimo de personal y las plantillas menguadas terminan recogiendo solo «la basura amontonada» y las papeleras. «Éramos casi 6.000 trabajadores en 2013 y ahora somos 3.500. En el día a día eso significa que si antes tenías que limpiar tres manzanas ahora te corresponden seis», explica Daniel Gismero, responsable de Limpieza Viaria de CCOO Madrid y miembro del comité de empresa. El pago se vincula a los resultados a través de unos indicadores y, si las empresas no cumplen, el Ayuntamiento puede detraerles del presupuesto hasta un 20%. Calcular si los indicadores se cumplen o no es otro bache insalvable: los medidores forman parte de un «complejo sistema» –tal cual lo expone una sentencia del Tribunal Superior de Madrid– que favorece a las compañías si recurren las penalizaciones y obliga a volcar una gran cantidad de recursos en inspecciones municipales.

La limpieza urbana es el servicio que más quejas concentra en el buzón del Ayuntamiento junto con la recogida de residuos. 5.083 en 2019, el primer año de Gobierno de Almeida; 4.544 en 2018; 3.901 en 2017, 6.472 en 2016… Y ha sido en los últimos años el objeto de una fuerte confrontación política, alimentada sobre todo por PP y Ciudadanos. «Es el gran fracaso de Manuela Carmena», decía Almeida en la campaña electoral. Un año después el mismo político, con el bastón de mando de la ciudad, asegura que la suciedad ya no preocupa tanto a los madrileños mientras su delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, acusa a los concejales de Más Madrid de hacerse fotos con cubos llenos «con las bolsas estratégicamente colocadas». «Le pediría que reflexionara si su fotografía rodeada de bolsas de basura es la mejor manera de contribuir a recuperar la imagen tan dañada que tiene esta ciudad», espetó Carabante a un edil. «Tiene arrojo que nos acuse de ser los responsables de los contratos cuando el PP condenó a esta ciudad a una situación de suciedad por recortar los recursos», le respondió otra concejala de Más Madrid, Esther Gómez.

El inicio de estos contratos, adjudicados a cuatro grandes empresas –Cespa, Valoriza, Obrascón y OHL-FCC–, ya fue convulso. La exalcaldesa Ana Botella, asfixiada por una deuda en la ciudad que alcanzaba los 7.000 millones de euros, ideó una fórmula integrada (que juntaba la limpieza viaria con la jardinería) y metió la tijera a la inversión con un recorte de 256 millones en estos ocho años. Tan pronto se resolvieron las adjudicaciones, las contratistas que ganaron por bajar al máximo el precio por el que asumían el servicio anunciaron el despido de 1.134 trabajadores de un total de 6.000. 80 de los 100 puntos valorables para vencer en el concurso dependian de cuánto recortaban las empresas el presupuesto. El ERE fue contestado con una huelga de 13 días, la más larga desde 1999. Y una victoria parcial de los trabajadores: no habría despidos pero sí un ERTE y una congelación salarial por cinco años.

Una promesa de remunicipalización

Lo que vino después es historia conocida. Siete años de blindaje que han dejado escaso margen de maniobra a los gobiernos sucesivos para mejorar el servicio. La corporación de Carmena llegó al Consistorio prometiendo la remunicipalización. Nunca se hizo. «No había manera de que los servicios técnicos nos dieran una solución para resolverlos. Eran una trampa», recuerda la exconcejala de Medio Ambiente, Inés Sabanés, ahora diputada en el Congreso por Más País. Sabanés defiende que «mejoraron algunas situaciones»: retiraron los ERTE y cambiaron la clasificación de las calles para aumentara el número que se limpiaba todos los días, enumera. La ahora diputada asegura que lo tuvieron «muy difícil» porque la «oposición no quiso nunca el diálogo sino atizar». «Y ahora están experimentando esa realidad», zanja. El otro gran problema asociado a estos contratos era el desequilibrio entre barrios. Los céntricos concentran más presupuesto.

La anterior corporación y también esta reforzaron el servicio obligando a las empresas a alargar las jornadas laborales de los trabajadores del fin de semana y convirtiendo a tiempo completo a aquellos que tenían contratos a tiempo parcial. El Ejecutivo de Almeida lo ha hecho ya en dos ocasiones, al llegar al Gobierno y en la pandemia. «Un refuerzo equivalente a 800 operarios», anunció esta última vez. Los trabajadores aseguran que, en época estival, estos turnos apenas llegan a cubrir a los compañeros de vacaciones.

Más Madrid presentó en el último Pleno una proposición para modificar los contratos por «causa de fuerza mayor», debido a la emergencia sanitaria. «La salud de los madrileños no puede esperar un año», argumentó el concejal José Luis Nieto. El PSOE fue el único grupo que apoyó la iniciativa. «Hay un 25% menos de presupuesto y de personal. El virus no entiende de pactos contracturales. Hay que hacerlo ahora, no en 2021. Actúe antes de que sea tarde», afirmó el edil Alfredo González. Solo en los meses de pandemia se han abandonado 7.363 colchones en la calle, casi 200 al día, según datos municipales hasta el 9 de junio.

Las dudas sobre los nuevos contratos: más presupuesto y con una cláusula para crisis sanitarias

El Ayuntamiento no tiene entre sus planes cambiar los acuerdos por fuerza mayor, sino trabajar directamente en los nuevos, que se han quedado también en el aire con la epidemia. Antes del coronavirus, la previsión era tenerlos listos en el último trimestre de 2020. Su confección abre muchos interrogantes: ¿serán integrales? ¿mantendrán los indicadores? ¿qué presupuesto tendrán? Se trata de contratos de un importe muy elevado, más de 2.000 millones de euros, que aunque puedan parecer grandes llevan dentro un gran recorte para adecentar las vías de la capital. El delegado de Medio Ambiente aseguró hace unos meses en una entrevista en ABC que estaban estudiando «su separación o no» y el sistema. «No sé si de indicadores, o un contrato de servicios», apuntó Carabante, que avanzó que el presupuesto iba a «aumentar». «Queremos recuperar el presupuesto que se perdió en esos contratos», admitió. El súper contrato nació de la necesidad de recortar gastos para cumplir con el Plan de Reducción de la Deuda que Ana Botella firmó con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Entre los objetivos del actual Consistorio también está cambiar la maquinaria y los vehículos (camiones, baldeadoras…) con los que se presta el servicio, que tienen más de una década, contaminan y fallan habitualmente, según cuentan los barrenderos y jardineros. El Ayuntamiento no ha respondido a las consultas de este medio sobre los futuros contratos.

Los trabajadores miran el nuevo ciclo, en el que la limpieza en la calle es vital para reducir contagios, con expectativas cada vez más desinfladas. «El nuevo Gobierno se comprometió a convocar la mesa de limpieza –creada por Carmena con participación de los empleados y la oposición– y no lo ha hecho. Este foro era un buen escenario para preparar los pliegos. Pero tememos que los hagan sin consenso», anticipa Gismero, que fija la última comunicación con los comités de empresa antes de que estallara la epidemia. En Comisiones Obreras ya empiezan a dudar sobre si, por los tiempos abruptos del coronavirus, se echará mano de alguna prórroga del contrato, pese a que no era la idea inicial.

El Consistorio acaba de aprobar, mientras redacta la licitación grande, un nuevo contrato exclusivamente para el ámbito de Valdebebas con un sistema «moderno» que va a reducir «drásticamente los tiempos de respuesta» con 70 operarios y 12 vehículos, según anunció la portavoz municipal, Inmacuada Sanz esta semana. Los empleados de las demás contratas ven en este caso el modelo que pueden seguir para redactar el resto de pliegos: «los mejores sistemas tecnológicos», fotografías al antes y después de la limpieza, control semanal de las pintadas… El Ayuntamiento también ha instalado en los últimos días unas papeleras «inteligentes» que funcionan con placas solares y compactan los residuos.

Redactar unos buenos pliegos para adjudicar este servicio es uno de los grandes retos que el Gobierno de Almeida tiene por delante si quiere atajar el problema heredado de su propio partido político. «Demonizan los contratos», subrayó Carabante dirigiéndose a la bancada de la oposición esta semana. Aunque lo cierto es que este equipo local, después de las duras críticas a Carmena, tampoco quiere la herencia recibida de Ana Botella.