Madrid y País Vasco se desmarcan del acuerdo de Educación para la vuelta a las aulas el próximo curso
Araceli Guedi/20minutos.es La ministra Isabel Celaá se ha reunido este jueves con los consejeros de Educación en la cuarta Conferencia Sectorial que celebran desde el decreto del estado de alarma. En el encuentro se ha abordado la vuelta a clase en septiembre y han quedado patentes las reticencias de algunas comunidades al plan anunciado este miércoles por el Gobierno con pautas para evitar el contagio por coronavirus.
Además de ese documento base con medidas sanitarias, Celaá ha presentado a los representantes autonómicos un acuerdo educativo con catorce puntos genéricos que ha sido suscrito por todas las regiones, a excepción de Madrid y País Vasco. El Ejecutivo madrileño considera que no resuelve «los graves problemas para el inicio de curso», mientras que desde Vitoria se esgrimen cuestiones competenciales.
El acuerdo alcanzado establece que el año académico comenzará en las fechas habituales de septiembre y que se mantiene en 175 el mínimo de jornadas lectivas, con la posibilidad de que sean adaptadas a las circunstancias concretas de cada centro. Asimismo se apostará por la educación en las aulas, toda vez que la online «no puede sustituir la socialización ni la interacción de los alumnos ni entre ellos ni con los docentes».
UN ACUERDO DE 14 PUNTOS
- – El curso 2020/2021 comenzará en las fechas habituales y seguirá las pautas temporales de otros cursos académicos.
– Se adoptará la actividad lectiva presencial como principio general.
– Los centros adaptarán su programación con el fin de recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados.
– Las administraciones educativas marcarán directrices para el seguimiento de los alumnos con dificultades.
– Se fomentará el trabajo entre los centros para permitirles dar una respuesta coordinada a las nuevas circunstancias.
– Los centros seguirán las indicaciones de las autoridades sanitarias.
– Las administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de prevención de riesgos laborales.
– Las administraciones educativas proporcionarán protocolos de actuación para garantizar la higiene y la limpieza.
– Los centros dispondrán de un plan que establezca la organización que mejor se adapte a sus condiciones.
– Las administraciones prepararán planes de contingencia para que los centros puedan hacer frente a las eventualidades.
– Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los centros puedan ofrecer los servicios complementarios habituales.
– Se adoptarán medidas orientadas a la reducción de la brecha tecnológica.
– El ministerio y las consejerías colaborarán en el desarrollo de recursos digitales.
– El ministerio y las consejerías pondrán en marcha programas de cooperación para dar respuesta a la nueva situación.
«Seguro que han podido desarrollar otras destrezas durante el confinamiento y que ha habido otros aportes en términos cognitivos, emocionales y de maduración. Pero esta situación ha generado brechas de desigualdad«, ha señalado Celaá. «Hemos aprendido mucho y hemos afianzado algunas certezas, entre ellas que la escuela es insustituible como herramienta para la equidad y como motor de prosperidad», ha agregado.
En esta línea, la ministra ha asegurado que pondrán «el énfasis en la presencialidad», pero sin abandonar la digitalización del sistema educativo como «medida subsidiaria». Para ello su departamento va a poner en marcha un programa de cooperación territorial que permita mejorar la dotación de equipamiento tecnológico de los centros y de los estudiantes. Este convenio, que se desarrollará junto con el Ministerio de Asuntos Económicos, se presupuestará al margen de los 2.000 millones de euros que las comunidades recibirán para destinar a educación. Un segundo programa de cooperación se dirigirá a la recuperación y el refuerzo del alumnado y de los centros con más dificultades para afrontar «situaciones anómalas».
El consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, ha tildado ese fondo económico de 2.000 millones de «insuficiente» y ha argumentado que solo se ha contemplado para el último trimestre de 2020. Respecto al acuerdo de 14 puntos, Ossorio ha afirmado que «no sirve para nada», porque, a su juicio, es lo que ya están haciendo todas las comunidades.
Ossorio ha remarcado que la Comunidad de Madrid se ha mostrado en contra del documento porque solamente tiene «obviedades» y no resuelve «los gravísimos problemas» que plantea el inicio del próximo curso.
Su homóloga Cristina Uriarte ha afirmado por su parte que el País Vascogestionará sus competencias en el ámbito educativo y que el Ejecutivo del que forma parte ya está trabajando con los diferentes agentes de cara a la planificación del nuevo curso escolar.
