Fátima Caballero/eldiario.esEl juzgado de primera instancia número 36 de Madrid ha decretado el embargo del sueldo al portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en el Congreso. La Justicia le exige pagar la deuda contraída con el constructor que hizo las obras de su lujosa vivienda familiar de cinco plantas en un barrio residencial en el distrito de Chamartín, al norte de Madrid. La orden de embargo fechada el 21 de marzo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, llega después de que en noviembre el Tribunal Supremo confirmara la condena a Espinosa de los Monteros por esta deuda: un total de 63.183 euros, más las costas judiciales y los intereses por la demora en el pago.
Iván Espinosa de los Monteros aún no ha abonado su deuda, a pesar de que cuando elDiario.es adelantó en exclusiva la sentencia del Supremo, el dirigente de Vox aseguró que la acataría. “Lo que toca es pagar y nada más. Acato la decisión”, afirmó en una rueda de prensa desde el Congreso donde es portavoz de su grupo parlamentario. Pero cuatro meses después aún no ha cumplido con ese pago, según se desprende del escrito al que ha tenido acceso esta redacción, por lo que el juzgado que lo condenó en primera instancia ordena ahora el embargo de su nómina como diputado en el Congreso de los Diputados.
Con anterioridad, la Justicia ya había decretado el embargo de varios de sus bienes: una “finca” y también “saldos en cuentas corrientes y devoluciones tributarias”. El juzgado considera “insuficientes” estos bienes y ha procedido a solicitar también el embargo de su salario hasta completar el importe que queda por pagar.
“Se declaran embargados, por vía de mejora de embargo, el/los siguiente/s bien/es: sueldo, salario y demás emolumentos que perciba el ejecutado D. Iván Espinosa de los Monteros del Congreso de los Diputados”, recoge el escrito judicial al que ha tenido acceso este diario.
Como parlamentario, Espinosa de los Monteros cobra 8.017,37 euros brutos al mes. Este cantidad incluye el salario base de diputado (3.050,62 euros), los gastos de representación por ser portavoz (1.890,98), los gastos de libre disposición (1.006 euros), otros 1.134,40 como portavoz en una comisión y otras dos pagas de 935,37 euros de indemnización para cargos electos por Madrid. Hasta que cubra la deuda que le falta por pagar, solo recibirá una fracción de su sueldo que al menos alcanzará el salario mínimo interprofesional, según regula el artículo 607 de la ley de enjuiciamiento civil. El decreto puede ser recurrido por el dirigente de Vox en un plazo de cinco días, según recoge el decreto judicial.
elDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que no ha querido hacer ninguna valoración sobre estos hechos.
“Fraude de acreedores”
El Tribunal Supremo confirmó en noviembre la condena a Espinosa de los Monteros por intentar eludir el pago de parte de las obras de su casa: una moderna y lujosa vivienda unifamiliar de cinco plantas en el distrito de Chamartín, un barrio al norte de la capital. La sala de lo Civil, en un auto fechado el 24 de noviembre adelantado por esta redacción, desestimó el último recurso de casación que Espinosa de los Monteros interpuso contra la segunda sentencia condenatoria que confirmó también la Audiencia Provincial de Madrid.
El dirigente de Vox ha perdido todos los pleitos en este caso, pero cuatro meses después de la sentencia del Supremo Espinosa sigue sin hacer frente a la deuda que ascendería a más de 85.000 euros, si se le suman los intereses y las costas judiciales. No es la primera vez que el diputado de Vox trata de eludir esos pagos. Espinosa de los Monteros ya lo intentó cuando contrató las obras a través de una sociedad a su nombre y después la cerró decretando un concurso de acreedores cuando la Justicia lo condenó la primera vez en 2016.
Fue entonces cuando la empresa perjudicada, RUE SL (Rehabilitación, Urbanización y Edificación SL), demandó directamente a Espinosa de los Monteros que fue condenado por “fraude de acreedores”. La Justicia decretó en 2018 que él debía asumir la deuda como único administrador de la sociedad (Pedro Heredia 6 SL) que se creó exclusivamente para construir la vivienda.
La casa que casi clausura el Ayuntamiento de Madrid
Se trata del mismo chalé en el que reside junto a su esposa, la diputada regional Rocío Monasterio, arquitecta del proyecto, y sobre la que recayó un expediente de clausura por no tener la cédula de habitabilidad. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida llegó a ordenar el desalojo y el precinto del chalé de cuatro plantas en septiembre de 2019 después de que el matrimonio viviera ilegalmente en el inmueble durante cinco años, como adelantó elDiario.es.
¿La razón? La casa carecía de licencia de primera ocupación y funcionamiento: la construcción incumplió los compromisos del permiso de obra que solicitaron. Los dirigentes de Vox levantaron un chalé mucho más grande de lo permitido en la licencia y añadieron elementos nuevos que no estaban en el proyecto inicial, que realizó la propia Monasterio.
Monasterio y Espinosa de los Monteros lograron in extremisregularizar el inmueble hace unos meses presentando un nuevo proyecto ante el Ayuntamiento donde Almeida gobierna junto a Ciudadanos con el apoyo de Vox. El 17 de marzo de 2021, los técnicos municipales realizaron la última inspección acometiendo unas obras para “restablecer la legalidad” de su vivienda, según aseguraron a elDiario.es fuentes del área de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, que gestiona Ciudadanos.
Una vez regularizada la vivienda, Espinosa de los Monteros sigue sin hacer frente al pago de parte de las obras después de que se haya cerrado definitivamente la vía judicial. Si no lo evita, su salario de diputado será embargado.
El dirigente de Vox ha perdido todos los pleitos en este caso, pero cuatro meses después de la sentencia del Supremo Espinosa sigue sin hacer frente a la deuda que ascendería a más de 85.000 euros, si se le suman los intereses y las costas judiciales. No es la primera vez que el diputado de Vox trata de eludir esos pagos. Espinosa de los Monteros ya lo intentó cuando contrató las obras a través de una sociedad a su nombre y después la cerró decretando un concurso de acreedores cuando la Justicia lo condenó la primera vez en 2016.
