José Manuel Franco, tras declarar sobre el 8-M: «No había ningún elemento para prohibir un derecho fundamental»

Emilio Ordiz/20minutos.es «En aquel momento no habia ningun elemento que me llevase a prohibir un derecho fundamental». Con estas palabras se defendió José Manuel Francotras salir de los juzgados, donde declaró por un presunto delito de prevaricación en la causa del 8-M. El delegado del Gobierno en Madrid aseguró que en todo momento actuó con arreglo a la ley y que no se considera «responsable» de lo ocurrido. «Hice lo que me correspondía», expresó al terminar tras más de hora y media de declaración.

Ante la prensa, Franco fue más allá: «Mi actuación ha sido con arreglo a la ley y las noticias que teníamos sobre el virus». Apuntó además que con su paso por los juzgados cumple con su «deber» como ciudadano y como delegado del Gobierno.

Un funcionario de Delegación del Gobierno en Madrid dice que se permitió el 8M p

En los minutos que tuvo ante los medios, el delegado del Gobierno sostuvo además que no considera adecuado que el foco se coloque sobre el 8-M únicamente, porque «en aquel momento no había ningún motivo para prohibir la manifestación, que era un derecho fundamental, cuando en Madrid se celebraron otros eventos que no son derechos fundamentales». Para Franco, la actuación se desarrolló siempre teniendo en cuenta «las indicaciones de los expertos» sobre la evolución del coronavirus.

«La actuación ha sido siempre con arreglo a la ley y a las noticias que se iban teniendo sobre el coronavirus»

«Lamento que hoy no podamos estar hablando en positivo, de la salida de la crisis, del ingreso mínimo, y que tengamos que estar con estos temas», apuntó además el representante del Ejecutivo. «Siempre he creído en la justicia española», añadió al tiempo que defendía que ante la juez su papel fue el de «dejar perfectamente claro que la actuación ha sido siempre con arreglo a la ley y a las noticias que se iban teniendo de la evolución del coronavirus».

Franco declaró ante la juez Carmen Rodríguez Medel como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas precisamente la marcha del 8-M. Lo hizo a partir de varias acusaciones populares.

La Fiscalía no encuentra indicios de delito y solicitó el archivo de la causa, al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado, si bien la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid rechazó este martes dicha pretensión.