El vicepresidente de Ayuso recibe de su Gobierno el bono de calefacción para «consumidores vulnerables»
Alicia Gutiérrez/Daniel Lara/Infolibre.es El vicepresidente de Madrid, Enrique Ossorio, ha recibido en 2022 de su propio Gobierno el denominado bono social térmico para calefacción y agua caliente. Es decir, una ayuda directa que, como enfatiza la web del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, tiene por destino “paliar la pobreza energética en los consumidores más vulnerables”.
Según la información oficial a que ha tenido acceso infoLibre, fue el 14 de octubre de 2022 cuando la Consejería de Familia concedió a Ossorio el bono social térmico correspondiente a la convocatoria de 2021. En su caso, la subvención no pasa de 195,82 euros, la asignada a los “consumidores vulnerables” frente a los 313,30 que se reserva para los “vulnerables severos” [puedes ver aquí la Orden autonómica que aplica la legislación estatal].
Para alguien ya conceptuado en 2019 como el diputado más rico de la Asamblea de Madrid –104.928,60 euros de retribución por el cargo público, un piso cuyo valor catastral supera los 400.000 euros y activos financieros por 1,4 millones– la normativa que regula la discriminación positiva de los más débiles para que paguen menos luz deja un hueco abierto: basta con tener el título de familia numerosa para acceder a las ayudas previstas. Y aquí no hay límites en lo que a renta se refiere.
Consultados por infoLibre, portavoces del Ejecutivo autonómico se limitaron a remarcar, ya por la tarde, que el vicepresidente continúa manteniendo el título de familia numerosa porque dos de sus cuatro hijos, ambos menores de 26 años, continúan estudiando y a su cargo. Y que, por tanto, cumple el requisito para ser beneficiario del bono eléctrico –que garantiza descuentos en la factura de la luz– y del bono térmico. Las mismas fuentes subrayaron que la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, fortaleció el concepto jurídico de familia numerosa para que los hijos menores no salgan perjudicados si la unidad familiar pierde los derechos adquiridos una vez se emancipen sus hermanos mayores.
La recepción del bono social térmico va encadenada a la del denominado bono social eléctrico, anterior en su puesta en marcha y que implica para sus beneficiarios un descuento mínimo del 25% en la factura eléctrica –desde noviembre de 2021 excepcionalmente del 60% y en 2023 del 65% por la guerra de Ucrania. Quienes disfrutan de esta ayuda deben renovarla cada dos años, salvo los que han accedido a ella a través de la tarjeta de familia numerosa, como es el caso del vicepresidente, que tienen derecho al descuento siempre que mantengan esa condición.
De hecho, el Real Decreto que regula la norma es claro: “Si cambian las circunstancias que le han dado derecho a percibir el bono social, está obligado a comunicárselo al comercializador de último recurso en el plazo de un mes desde que se produzca dicho cambio”, recoge la norma. Es decir, que Ossorio es el responsable de comunicar a la compañía eléctrica que ha perdido la condición de familia numerosa el día que esto ocurra.
De la misma forma, el bono térmico –creado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez– se concede año a año de manera automática a los que ya tienen el bono social eléctrico, aunque el ciudadano tiene la capacidad de renunciar a él si así lo quiere. Esta cobertura fue creada también «para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables», según señala la web del Ministerio de Transición Ecológica.
Preguntas sin respuesta
De lo anterior solo cabe inferir que en diciembre de 2020, el año de la pandemia, el vicepresidente de Madrid ya tenía concedido el bono social eléctrico. El silencio de Ossorio y sus portavoces tras las preguntas de este medio salvo en lo que respecta a su condición de familia numerosa impide saber en qué año solicitó el bono eléctrico y le fue concedido.
En el aire también quedó otra pregunta: la de si el vicepresidente, consejero y diputado autonómico madrileño que más patrimonio declara cree oportuno verse favorecido por un descuento (el bono social eléctrico) y una ayuda directa (el bono social térmico) dirigida a los realmente vulnerables. El último interrogante en espera de respuesta es el de si se ha planteado en algún momento renunciar al bono térmico, posibilidad que expresamente prevé el sistema de tramitación y concesión de esta ayuda. Hace justamente un año, Ossorio causó asombro y enfado tanto en las redes sociales como en la oposición cuando habló así sobre la pobreza: “El que sale a la calle y ve que le dicen «en Madrid hay tres millones de pobres», dice: ¿oye, y por dónde estarán?”. Días más tarde admitió que se había equivocado al pronunciarse en esos términos.
El único límite que tiene el bono social eléctrico es que el descuento del 25% en la factura de la luz solo se aplica sobre un consumo máximo de 4.140 kilovatios al año para familias numerosas, y una vez superado el resto de la electricidad deja de estar subvencionada.
José Luis Sancha, investigador del sector eléctrico en la Universidad ICADE Comillas, destaca que este apoyo a las familias numerosas indiscriminado es una anomalía que debería haberse corregido en las numerosas reformas que han tenido estas ayudas, la última el pasado mes de octubre. “No es normal y hay una clara discriminación porque es el único colectivo sin criterio de renta”, opina el experto.
El coste de los dos bonos energéticos lo cubre el grueso de los españoles. El bono social eléctrico lo financian las comercializadoras a través de los recargos que pagan los consumidores en la factura de la luz, a medias con las aportaciones que hacen los otros operadores del mercado, como los generadores o los distribuidores. Mientras que el bono social térmico va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y en 2022 la partida fue de 453 millones de euros. Según el último dato disponible, en septiembre del año pasado había acogidos al bono social con carácter de familia numerosa 348.000 hogares.
«El caso de Ossorio -subraya el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González García– refleja lo poco que se entiende la cláusula del Estado social por el PP, que hizo la Ley del Sector Eléctrico en 2013″. Y se entiende poco -argumenta el profesor- porque «no debe servir para dar ayudas a todos sino en aquellos casos en los que, como dice el artículo 9.2 de la Constitución, se promueva que “las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”; lo que claramente no ocurre en este caso».
«Los ricos -concluye González- deben quedar fuera. Pero también es obligación del dirigente público saber cuándo algo atenta contra la equidad. Y esto es un problema de ética pública«.