El que espera desespera

El Tribunal Constitucional debería cambiar de costumbres y tramitar con celeridad los pleitos que afectan a los ciudadanos. Como saben ustedes, el Gobierno presentó un recurso de constitucionalidad contra uno de los decretos aprobados por el Gobierno de Cataluña, mecanismo legal que pretendía anular el cobro de un euro por receta dispensada. Como anunció después, ha hecho lo propio con una normativa semejante regulada por el Gobierno de Madrid. Los socialistas madrileños, impulsados por Tomás Gómez, se han sumado a la estrategia después de superar algunos problemas de disciplina política con su ejecutiva federal.

Los afligidos habitantes de ambas comunidades nos preguntamos ahora, cuántos meses tendremos que esperar para conocer la sentencia del Constitucional, preguntándonos cada día si es lícita la incautación de una cantidad extra cada vez que salimos recetados de una consulta médica.

Registrada la interpelación gubernamental, el Tribunal ha suspendido temporalmente la cacicada de Artur Mas, y todos esperamos que haga lo mismo con el decretazo de Ignacio González. Solo los contribuyentes más concienciados, aquellos que están dispuestos a ejercer la objeción de conciencia y retratarse en el correspondiente impreso oficial, se han librado de pagar tres veces por la misma asistencia social. Mientras tanto, los pobres catalanes  han pagado el dichoso euro durante más de seis meses y los madrileños aportamos la misma contribución desde que comenzara el año.

Así están las cosas, y ya veremos lo que hay que esperar para librarnos definitivamente de una tasa tan injusta. El asunto es tan chusco que, con solo alejarse unos kilómetros de los ámbitos geográficos de ambas regiones, se puede evitar uno un sofoco tan discriminatorio. Los farmacéuticos vecinos de Madrid y Cataluña no salen de su asombro, comprueban diariamente como se incrementa el negocio a costa de los enfermos que escapan de los territorios vecinos.

Intuyo, aunque no sea magistrado, que sentenciar la legalidad de asuntos tan importantes exige un tiempo de estudio y deliberación, pero los jueces deberían apercibirse de las gravísimas consecuencias de tantas dilaciones. El Gobierno vasco ha tenido que rescatar de las cuentas corrientes de los funcionarios públicos la paga extra abonada unilateralmente. Un dictamen previo por la vía de urgencia, nos habría evitado el sainete. En casos muy recientes, el estropicio ha sido mayúsculo. Todavía estamos pagando el retraso injustificado con el que se cerró el recurso presentado contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Llegó tan tarde, tan a destiempo, tan maltratado por las filtraciones interesadas y los juicios de valor, que aún resuena el alboroto político provocado. En otros caso,  firmados por simples ciudadanos víctimas de abusos administrativos o de injusticias penales manifiestas, el amparo del alto Tribunal ha llegado cuando los demandantes habían fallecido.

Uno de los dichos populares más certeros nos advierte de tal circunstancia: “pleitos tengas y los ganes”. Podríamos complementar la sentencia con aquello de “del que espera desespera”. Los jueces del Constitucional manejan un material tremendamente sensible y sería aconsejable que tuvieran conciencia de ello y actuaran en consecuencia.