EL CHIVO EXPIATORIO

Sin esperar a los primeros resultados que puedan deparar los datos contenidos en la llamada «caja negra» del tren Alvia accidentado a la entrada de Santiago de Compostela, ya se ha identificado al responsable de la tragedia: para el Ministerio del Interior, Renfe, Adif y varios medios de comunicación el conductor es el culpable exclusivo, el chivo expiatorio. Es un mecanismo muy habitual utilizado por la sociedad española para focalizar responsabilidades y sacudirse culpas.

Hace unos días hemos asistido a un ejercicio parecido con el problema de los astilleros: el comisario Joaquín Almunia ha sido presentado como un vendepatrias que quiere hundir la industria naval española. La cruda realidad es que el Gobierno Aznar puso en marcha un mecanismo de subvenciones que fueron consideradas contrarias a las leyes comunitarias de la competencia  y, a pesar de los avisos y expedientes, fueron mantenidas por los ejecutivos de ZP y MR. Y, claro, la contumacia ha desembocado en sanción.

Sin descartar la responsabilidad, o parte de ella, en la actuación de un veterano maquinista que, además, había efectuado el trayecto en numerosas ocasiones, nos encontramos ante la situación que se repite hasta la saciedad en este país: nadie asume responsabilidades y todos tratan de derivarlas hacia la parte más débil que, en este caso, es el conductor del tren. A la magnitud de la tragedia, con su escalofriante lista de fallecidos, que puede incrementarse en los próximos días, se suma un aspecto económico nada desdeñable. Se ha estado vendiendo el AVE como una de las mejores cartas de presentación de la industria y la tecnología española en el mundo. En el aire están contratos tan sustanciosos como los del AVE en Arabia, Brasil o Estados Unidos. Y este accidente, a buen seguro, no va a ser el mejor de los argumentos a presentar frente a las ofertas de otros competidores. El futuro de una industria puntera está más que nunca comprometido de forma muy grave.

La avalancha de información que ha provocado el accidente en las proximidades de la estación de Santiago de Compostela aclara pocas cosas, especialmente cuando el punto de mira se pone sobre la responsabilidad exclusiva del maquinista. Sin embargo, a poco más de un año de la inauguración del tramo AVE Ourense-Santiago, la instalación del sistema de seguridad que requiere este tipo de trenes (el ERMTS que controla, entre otros parámetros, la velocidad del convoy) termina en el kilómetro 80, tres kilómetros antes de que comience una curva que está reñida con el propio concepto de «Alta Velocidad». En el tramo hasta la estación de Santiago, el sistema de control es el denominado ASFA que no actúa sobre la velocidad del tren hasta que no supera los 200 km por hora y solo advierte de diferentes incidencias en las vías (obras, incorporación de otros trenes, etc.).

Con independencia de la actuación del maquinista, el sentido común apunta a una «tormenta perfecta» de errores que empieza con el trazado de una curva incompatible con la filosofía misma de los trenes utilizados, seguida de una insuficiente implantación de medidas de seguridad y control a lo largo de «todo» el trayecto y de acuerdo con las características y prestaciones de unas máquinas de alta tecnología. Confiar a la actuación del conductor, que puede sufrir cualquier tipo de incidencia, una maniobra tan exigente como cambiar de una velocidad de 200 kilómetros a 80, en un tiempo mínimo, es un riesgo que parece excesivo. Parece que, al final, el «ahorro» ha pasado una factura demasiado terrible.

Las conclusiones de la investigación de los datos que encierra la «caja negra» del tren siniestrado pueden tardar bastante en conocerse, pero lo que se muestra evidente es que en este desastre no hay un solo culpable, un chivo expiatorio, como parece que se quiere hacer creer a la opinión pública. Todo apunta a que hay más de una responsabilidad y debe ser sustanciada. Por justicia y por higiene democrática.