DEL TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO AL DERECHO DE PERNADA

El Tribunal de Orden Público (TOP) fue creado en 1963 para perseguir a «aquellos que van contra el Jefe del Estado, las Cortes…los desórdenes públicos; el allanamiento de morada; las amenazas y coacciones…». Esta instancia judicial especial no casaba bien con el proceso democrático que se estaba empezando a poner en marcha y fue suprimida el 4 de enero de 1977 para dar paso a la actual Audiencia Nacional. Sin embargo, entre los actuales ministros de Justicia y de Interior, en un mano a mano muy especial, pretenden recuperar de facto las atribuciones y, sobre todo, las sanciones y castigos que se dictaban en el fenecido TOP como salvaguardia de la dictadura. Forman parte de la labor de demolición de los progresos logrados ─con las limitaciones que sin duda pueden plantearse─ al proceso iniciado con la Transición democrática.

El en otro tiempo confundido como el representante más progresista y avanzado del Partido Popular, el ministro Ruiz Gallardón, está intentando desatascar los juzgados por el procedimiento de hacer inaccesible económicamente la administración de justicia a la mayoría de la población. Para cerrar este círculo, el ministro del Interior, Fernández Díaz, ha propuesto una batería de sanciones que harán que el derecho constitucional de manifestación no pase de ser un pronunciamiento retórico, que no supere la categoría de simple papel mojado, y se convierta en un acto temerario, ante unas multas inasumibles por acciones como manifestarse ante el Congreso o el domicilio de un político o tomar testimonio gráfico de la actuación de las Fuerzas de Seguridad. La guinda la puede poner la anunciada «Ley de servicios mínimos» que, aun sin disponer de dotes adivinatorias, tratará de impedir o hacer inviable, en la práctica, cualquier protesta laboral, vía huelga, para que no se repita el mal ejemplo del conflicto de la basura de Madrid.

Siguiendo con los hábitos de actuación de un Ejecutivo que se apoya en una mayoría tan absoluta como desmesurada ─los votos obtenidos fueron premiados en demasía por una ley distorsionada, al servicio de los partidos mayoritarios─ nos enteramos de un nuevo ajuste, cuando lo hacen público las autoridades de Bruselas: la Reforma Laboral debe ser sometida a una revisión que ha de suponer un ahorro (recorte) de unos dos mil cuatrocientos millones de euros. La ministra Báñez, por ahora, no ha recurrido a que este agujero lo tape el manto de su virgen preferida, pero se ha apresurado a señalar que «no habrá recortes». Tan cierto que como después de un día viene otro, el ajuste que plantea Bruselas saldrá de las prestaciones (escasas) del paro.

Por activa, por pasiva, y hasta por perifrástica, se asegura que se ha superado lo peor, los mayores riesgos (intervención y colapso de la banca) han pasado y que la recuperación está a la vuelta de la esquina; la luz al final del túnel es ya una realidad palpable. Sin embargo el crédito bancario, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, ni está ni se le espera, al menos hasta dentro de dos años (FMI). Lo que se percibe es el anuncio permanente de las siglas ERE, que tienen su traducción en despidos masivos. Y para ensombrecer el panorama, se está poniendo de moda la «oferta del -40%». La propuesta empresarial de rebaja de salarios ─sin eludir ajustes severos de plantilla─ que se mueve entre la obscenidad y la provocación. Encorsetados derechos constitucionales; reducidas hasta la mínima expresión las prestaciones sociales; convertido el empleo digno en un lujo al alcance de muy pocos y los salarios de la mayoría en proceso decreciente, para mejorar la productividad de las empresas, tan solo cabe esperar que se restablezca el derecho de pernada.