Correos intercepta nuevas cartas con balas dirigidas a Díaz Ayuso y a la Dirección General de la Guardia Civil

Pedro Águeda/eldiario.es Dos nuevos envíos de cartas amenazantes con balas han sido detectados por Correos este martes por la tarde en Madrid y Barcelona. Los Mossos d’Esquadra investigan en la capital catalana una carta con dos balas que iba dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado elDiario.es de fuentes policiales. La carta ha sido interceptada en unas oficinas de Correos en Sant Cugat. De momento, se desconoce la identidad del autor.

Además, Correos también ha interceptado un segundo paquete con munición que tenía como destinatario la Dirección General de la Guardia Civil, cuya directora, María Gámez, ya fue objeto de una amenaza similar la semana pasada. Según fuentes de la investigación, se trata de un paquete interceptado en el Centro de Tratamiento Integral de Correos en Vallecas. El sobre contenía cuatro proyectiles de arma corta, según ha detectado el escáner, y el sobre está a la espera de autorización judicial para que los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil procedan a su apertura. El sobre dirigido a Ayuso está también pendiente de la orden del juez.

«El Gobierno condena con rotundidad estos hechos y traslada su solidaridad tanto a la presidenta de Madrid como a la directora general de la Guardia Civil», aseguran fuentes del Ejecutivo. El Ministerio del Interior ya ha informado a la Presidencia de la Comunidad de Madrid del hallazgo en Barcelona. Fuentes policiales enmarcan, como hipótesis inicial, que estos dos envíos sean un posible comienzo del efecto imitación de los dos que les precedieron: el que se investiga con balas a Marlaska, Iglesias y Gámez, así como el de una persona con una enfermedad mental que envió un cuchillo a la ministra Reyes Maroto.

La propia Díaz Ayuso se ha referido a estas amenazas poco después, en una entrevista en 13TV, donde ha defendido que hay que tomarlas «con serenidad», porque las personas que dirigen las amenazas lo hacen para que se hable de ello. «Estas cosas hay que aceptarlas con serenidad y dándole la importancia que merecen, que es ninguna. Esta gente busca que hablemos de ellos y no les voy a dar el gusto», ha asegurado Ayuso en la cadena de televisión.

Minutos después de conocerse la noticia, los candidatos han censurado las amenazas. Pablo Iglesias, ha mostrado su «más absoluta condena» ante lo ocurrido y ha asegurado que «frente a la violencia no hay peros, ni excusas, ni balones fuera». También han rechazado las cartas la candidata de Más Madrid, Mónica García, y el de Ciudadanos, Edmundo Bal. La dirigente de Vox Rocío Monasterio se ha sumado a estas denuncias, pero ha matizado que sigue esperando «la condena por parte de la izquierda a las agresiones» que, ha dicho, ha sufrido su partido.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado asimismo las amenazas dirigidas contra Díaz Ayuso y Gámez y ha argumentado que no habrá «ni tolerantes ni cómplices con la violencia y la propagación del odio». «Los demócratas no vamos a consentirlo. Nuestra condena sin paliativos y la mayor repulsa contra estos actos», ha escrito en su perfil de Twitter.

Esta escalada de amenazas, que se produce en medio de la campaña electoral madrileña y a escasos días del 4 de mayo, ha hecho que el Ministerio del Interior decidiera ayer lunes dotar de escolta, al menos hasta el próximo martes, a los cuatro candidatos a la Presidencia de la Comunidad que hasta ahora no contaban con ella: Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid), Rocío Monasterio (Vox) y Edmundo Bal (Ciudadanos), según han informado fuentes policiales a elDiario.es.

Tras esa evaluación de la situación realizada el lunes, Interior también reforzará la escolta de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y del de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ambos ya con protección debido al cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid de la primera y al que tuvo hasta fechas recientes como vicepresidente segundo del Gobierno.