ABORTOS Por Teófilo Ruiz
El actual ministro de Justicia del Reino de España, Alberto Ruiz Gallardón, tiene un apellido que se contradice de forma flagrante con sus actuaciones políticas: el superlativo «Gallardón» se traduce en una plasmación de escasa «gallardía» (valentía y nobleza en la manera de enfrentarse con alguien. Diccionario de M. Moliner). Sin tratar de bucear en exceso en su cv, baste recordar su enfrentamiento con Esperanza Aguirre, en la disputa por el control del PP de Madrid: no se atrevió a un cara a cara y mandó al suicidio político a su mano derecha, Manuel Cobo, para que se fajara con la inefable lideresa. Ahora, desde su decisivo puesto, se dedica al «aborto»: la reforma del sistema judicial, con el incremento de tasas, se convierte en una administración de justicia que tan solo será efectiva para aquellos ciudadanos que tengan el poder adquisitivo con el que pagar abogados y recursos; los demás (la inmensa mayoría) quedan en la indefensión práctica, ante unos costes procesales difíciles o imposibles de asumir, dado que en muchos casos, la cuantía del recurso puede superar el valor de la reclamación planteada. De esta forma se incrementa la idea que apunta a que en este país se persigue de forma implacable al «robagallinas», que va derecho a la cárcel sin más miramientos, y se mantiene una toga de manga muy ancha para corruptos de toda laya: desde los de alta alcurnia hasta el arrebatacapas surgido al calor del amiguismo y otros efluvios clientelistas.
Pero claro está, al ministro Gallardón le molesta el segundo plano; su aspiración es el protagonismo. Desde sus inicios en la política, de la mano de su padre, siempre ha optado a los primeros lugares y pasó de ser un conservador Secretario General de Alianza Popular, con Manuel Fraga, al «progresista» del PP, aunque dejando en la ruina económica a la Comunidad de Madrid y al ayuntamiento de la capital, con obras tan faraónicas como innecesarias, en muchos casos. Y de nuevo Gallardón está en la primera línea. Llegó al Ejecutivo con el propósito de servir de «cortafuego» a los muchos procesos que se iban a destapar, en los que estaba involucrado su partido, y se está empleando a fondo. Utilizando a la Fiscalía, que depende del Gobierno, el ministro de Justicia ha dado un paso más y, tras vencer no pocas resistencias entre sus compañeros del Consejo de Ministros, ha presentado su proyecto de Ley sobre el aborto. Uno de los argumentos que se exhiben para justificar la revisión de una Ley que ha funcionado con normalidad, salvo para los sectores más reaccionarios de la sociedad española, encabezados por la cúpula de la Conferencia Episcopal, es que se prometía en el programa electoral del PP. Se trata de un argumento poco creíble, a tenor de la ristra de incumplimientos (graves) realizados a lo largo de estos dos años de gobierno por parte del Partido Popular. Muchos son los indicios que apuntan a que en esta revisión de la Ley del Aborto, Gallardón ha visto una magnífica oportunidad para mejorar su posición de cara a la sucesión de un MR que puede terminar la legislatura consumido en la queimada de una economía que tan solo arroja sombras sobre la ciudadanía, con independencia de las cifras macroeconómicas que se ofrezcan como prueba inequívoca de que los signos de recuperación son cada vez más ostensibles. Es en el sector más reaccionario y conservador del PP donde un equilibrista de la política como Gallardón tiene depositas sus esperanzas, en caso de que MR quede amortizado.
Salvo correcciones severas en el trámite parlamentario, la Ley patrocinada por este ángel exterminador de los derechos de la mujer en esta materia, provocará situaciones tan dramáticas como el nacimiento de una criatura con malformaciones severas, que le condenarán a una vida indigna de ser vivida, con el agravante, además, de no disponer de ayudas económicas, tras la laminación de la Ley de Dependencia.
Es de esperar que esta propuesta de Gallardón, que ya ha suscitado críticas y rechazos dentro y fuera de España, termine donde debe: en un nuevo aborto.
