“Si te pones a sumarlo pasa un año”
Juan explica lo tedioso que está siendo conseguir que su abuela entre en la lista de espera del servicio de atención residencial madrileño. Fue en febrero cuando él y su familia empezaron el proceso. Enviaron un correo para solicitar una reunión con la trabajadora social pero hasta mediados de abril no tuvieron una primera cita. “El problema llega cuando quieres meter a alguien en una residencia y solo para que te informen y te den la documentación a rellenar pasan dos meses”, lamenta Juan, que cuenta que la próxima reunión, en la que entregarán la documentación, no se producirá hasta junio. “No es normal que para tener una cita con la trabajadora social pasen dos mes y que para rellenar los papeles pasen otros dos más”, denuncia. Además, el nieto cuenta que les han explicado que para el Grado III (el de su abuela) hay una lista de espera de entre seis y ocho meses, “si te pones a sumarlo pasa un año”, dice.
Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias), asegura que los plazos establecidos por la Ley de Dependencia no se están cumpliendo. Según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en la Comunidad de Madrid pasan una media de 285 días desde que se entra en la lista de espera hasta que se consigue plaza en una residencia, cuando lo establecido por la ley es que el máximo sea 180 días. Pero no solo hay que sumar los meses de espera y los de solicitud de la residencia. La burocratización también está presente a la hora de conseguir los grados de dependencia. “Están tardando más de esos seis meses y eso que parece que ha habido un descenso con el plan de choque del Gobierno”, señala Vázquez.
“Está todo orientado a fomentar el negocio privado”
La falta de plazas solo es la parte más visible de un problema de fondo. El presidente de la asociación cree que “está todo orientado a fomentar el negocio privado en la Comunidad de Madrid y en casi todas las comunidades autónomas”. Desde Pladigmare señalan que solo hay 65 residencias de titularidad pública (con gestión pública o privada), del total de casi 500 centros madrileños. Una cifra que desde la asociación califican de “totalmente insuficiente” para la cantidad de demanda que hay. Por eso, piden que se generen nuevas plazas en residencias públicas.
La baja oferta de medios se une con la excesiva burocracia. “Mucha gente no espera a que les den el grado de dependencia y directamente les meten en una residencia privada”, asegura Vázquez que cree que les “están empujado a eso”, y muchas veces no les queda otra opción. Hay una urgencia real que la Administración ignora, “detrás de la falta de plazas hay auténticos dramas, hay personas que se caen en sus casas porque no pueden vivir solas”, explica.
Vázquez explica que esta dinámica de arrastrar a las familias a las residencias privadas también se refleja en el acuerdo marco que aprobó el Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado septiembre. Con el nuevo acuerdo, el Ejecutivo regional exige a los centros privados con plazas concertadas que reúnan ciertas condiciones. Muchos centros no las cumplen, no pueden mantener las plazas concertadas y casi 700 residentes deben ser trasladados a otros centros.
“Les están ofreciendo la posibilidad de renunciar a la plaza concertada y optar por el servicio privado”, cuenta Vázquez, que explica que los centros ofrecen esta posibilidad porque los residentes “se desubican y se desmoralizan”, pero no quita que al fin y al cabo “habrá menos ingresos para el residente y más para la residencia privada donde se van a quedar”.
“Se está fomentando el negocio privado de una forma espectacular”, denuncia Vázquez. Por eso, Pladigmare exige la creación de más plazas públicas, para que cuando surja la necesidad, las familias “no se vean obligadas a acudir a una empresa privada porque a su familiar no le conceden el grado de dependencia o tardan muchísimo en conseguirlo”.
